Una evaluación de los mandatos iniciales sobre Sudáfrica; Chile; Argentina; Guatemala; El Salvador; Ruanda
Muchas personas reconocen el impacto positivo de los Relatores Especiales de Naciones Unidas (y otros Procedimientos Especiales relacionados con situaciones específicas de país) en Sudáfrica y América Latina durante los años sesenta, setenta y ochenta, alabándolos por, entre otras cosas, documentar violaciones de derechos humanos y alentar las transiciones democráticas en sus países.
Hoy en día, sin embargo, algunos Estados cuestionan el valor de los Relatores Especiales específicos por país y piden que se elimine completamente este instrumento de la caja de herramientas del Consejo de Derechos Humanos (“el Consejo”). Estos Estados a menudo afirman tener una “posición de principios” en contra de estos tipos de mandatos, alegando que son politizados, selectivos y porque no funcionan al gozar del apoyo del Estado interesado.[1]
Es interesante señalar que algunos de los Estados que más estrictamente se oponen a la mayoría de los Relatores Especiales por país (por ejemplo, Egipto, Irán, Pakistán) realmente fueron los responsables de la creación de los primeros mandatos específicos por país y, por consiguiente, del sistema de Procedimientos Especiales como un todo.
Otros Estados continúan apoyando estos Procedimientos Especiales por país y continúan pidiendo y apoyando la creación de nuevos procedimientos similares. Esos Estados (y la mayoría de las ONG) tienden a plantear puntos de principio, es decir, que las Naciones Unidas deben responder a situaciones de violaciones, en lugar de simplemente afirmar que los mandatos por países no funcionan.
A la fecha, se ha reunido relativamente poca evidencia objetiva en apoyo de cualquiera de estas afirmaciones, particularmente en relación con la efectividad y el impacto del trabajo específico de los Procedimientos Especiales en sus respectivos países. En ausencia de tal información y análisis objetivos, los debates en el Consejo se han politizado y polarizado cada vez más.
El inicio del segundo decenio del Consejo ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el papel de los Procedimientos Especiales por país en la promoción y protección de los derechos humanos: evaluar su utilidad e impacto y considerar la mejor forma de apoyarlos y fortalecerlos. Esta reflexión permitiría una evaluación objetiva sobre las fortalezas, debilidades, credibilidad e impacto potencial de estos mandatos, evitando la politización.
Esto es precisamente lo que este proyecto pretende hacer: extraer enseñanzas y evaluar el impacto de una muestra de antiguos mandatos específicos por país, a saber: Sudáfrica, Chile, Guatemala, El Salvador y Rwanda. También abordará el surgimiento y el impacto del primer mandato temático -el WGEID- específicamente en relación con Argentina, el Estado al que inicialmente se trataba. Centrarse en los casos pasados -en vez en los actuales- proporcionará el beneficio de la distancia histórica y permitirá también la participación de los Estados interesados en esos mandatos, disminuyendo la politización de la discusión.
Cabe señalar que, en general, esos Estados apoyan a los Expertos Independientes específicos de cada país (que tienden a tener un mandato de creación de capacidad) y que gozan del apoyo del Estado interesado.
Imagen: Yanghee Lee, Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar presents his report at the 31st regular session of the Human Rights Council. 14 March 2016. UN Photo / Jean-Marc Ferré. Licencia otorgada: CC BY-NC-ND 2.0.
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